Después de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pidiera este martes al Senado una consulta popular para enjuiciar a cinco ex presidentes del país, a los que acusa de corrupción y privatizaciones ilegales de bienes públicos durante sus gestiones, el ex mandatario Felipe Calderón rompió el silencio y aseguró que esa consulta es “violatoria de las garantías individuales” y “una clara muestra de persecución política y de abuso de poder”.
“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal , sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”, arguyó el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) a través de una serie de tuits.
“Constituye un acto corruptor de la Justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder…
está confundiendo la República con un Circo Romano: en lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia”, sentenció.
Y es que para la consulta ciudadana López Obrador señaló directamente a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron sucesivamente a México de 1988 a 2018.
El mandatario acusa que durante esos gobiernos hubo “concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos y corrupción generalizada”.
López Obrador presentó la solicitud pese a que aseguró que su partido juntó las firmas ciudadanas para ese propósito.
Bajo la ley mexicana, una solicitud de consulta popular puede ser presentada por el presidente, una de las cámaras del Congreso o por ciudadanos, aunque la Suprema Corte de Justicia deberá decidir finalmente si es constitucional.
El Senado debe cursar la solicitud al alto tribunal, que si decide que el pedido es constitucional, debe ser aprobado por ambas cámaras del Congreso para luego ser organizada por las autoridades electorales.