La Diputada Itzel Soledad Castillo Almanza, integrante de la Comisión
de Justicia y Seguridad Pública, presentó en Tribuna un dictamen que
contiene la homologación en materia de delitos contra la
administración de justicia cometidos por Servidores Públicos.
En el sistema de justicia predominan los derechos fundamentales de
víctimas y personas imputadas, creando nuevas figuras y mecanismos
procesales, como los servicios previos al juicio, los medios alternativos
de resolución de controversias, las suspensiones condicionales del
proceso a prueba y los procedimientos especiales, buscando que se
traduzca en mayor transparencia y eficacia, a un menor costo en
recursos públicos, tiempo y carga para las partes implicadas en el
conflicto penal.
“Se reformó por modificación el artículo 73, fracción XXI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se le
otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir la Legislación
Única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de
solución de controversias y de ejecución de penas y de justicia penal
para adolescentes, que regulan en toda la República Mexicana en el
orden federal y en el fuero común”, dijo la Diputada Castillo.
La reforma, que fue aprobada por unanimidad por los Diputados
presentes, quedó de la siguiente manera:
ARTÍCULO ÚNICO.
Se REFORMA la fracción XXIX; el último párrafo y se ADICIONAN las
fracciones XXX, XXXI y XXXII, al artículo 224 del Código Penal para el
Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 224.- SON DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS LOS
SIGUIENTES:
I A XXVIII…
XXIX. NO DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO O DE
LIBERTAD DE UN DETENIDO, DENTRO DE LAS SETENTA Y DOS
HORAS SIGUIENTES A QUE LO PONGAN A SU DISPOSICIÓN, A
NO SER QUE EL INCULPADO HAYA SOLICITADO AMPLIACIÓN
DEL PLAZO, CASO EN EL CUAL SE ESTARÁ A UN NUEVO
PLAZO;
XXX. A QUIEN EJERCIENDO FUNCIONES DE SUPERVISOR DE
LIBERTAD O CON MOTIVO DE ELLAS HICIERE AMENAZAS,
HOSTIGUE O EJERZA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA PERSONA
PROCESADA, SENTENCIADA, SU FAMILIA O POSESIONES;
XXXI. A QUIEN EJERCIENDO FUNCIONES DE SUPERVISOR DE
LIBERTAD INDEBIDAMENTE REQUIERA FAVORES, ACCIONES O
CUALQUIER TRANSFERENCIA DE BIENES DE LA PERSONA
PROCESADA, SENTENCIADA O SU FAMILIA; O
XXXII. A QUIEN EJERCIENDO FUNCIONES DE SUPERVISOR DE
LIBERTAD FALSEE INFORMES O REPORTES AL JUEZ DE
EJECUCIÓN.
A QUIEN COMETA ALGUNO DE LOS DELITOS PREVISTOS EN
LAS FRACCIONES IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XXI, XXII, XXIX, XXX, XXXI Y XXXII SE LE IMPONDRÁ PENA DE
PRISIÓN DE DOS A OCHO AÑOS Y MULTA DE DOSCIENTAS A
CUATROCIENTAS CUOTAS.