Para establecer mecanismos concretos que prevengan violencia y
conductas antisociales de los alumnos del sistema de Educación
Básica, contra ellos mismos y contra terceros, la Diputada Beatriz de
los Santos Elizondo presentó una Iniciativa para reformar la Ley de
Educación y la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la
Violencia Escolar.
Entre otras cosas, esta reforma posibilitaría a los estudiantes de
psicología para auxiliar en diagnóstico de estudiantes; enlaza
mecanismos en la salud mental y emocional, que se encuentran
dispersos en varias leyes; el contenido de diversos Programas de
Prevención; y obliga al Ejecutivo para que informe exactamente de los
recursos destinados para Salud Mental y Emocional en el Sistema de
Educación Básico de NL.
La propuesta establece que las autoridades educativas, deberán
implementar programas permanentes de prevención y detección de
conductas que impliquen violencia física o psicológica entre el
alumnado, con el objetivo de identificar, atender y dar seguimiento de
la forma más eficiente posible a estos casos, para garantizar un
desarrollo integral y pleno de los alumnos.
“Las autoridades educativas podrán, en caso de requerirlo, solicitar el
apoyo de la Secretaría de Salud del Estado, o del Instituto de Salud
Mental y en su caso la unidad administrativa señalada en los artículos
22 y 23 de la Ley Estatal de Salud, para diseñar e implementar los
programas señalados en el párrafo anterior”, aseguró la Legisladora.
Para lograr un correcto desarrollo de las acciones relacionadas con el
objeto y fines de esta Ley, el Ejecutivo del Estado por conducto de las
dependencias competentes, podrá autorizar la participación de los
sujetos obligados a la prestación de servicios profesionales de índole
social o de prácticas profesionales, que cursen las carreras de
psicología o trabajo social, para auxiliar en el desarrollo de dichas
acciones.
“De acuerdo con el artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender y
Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar, el Ejecutivo del Estado por
conducto de las dependencias competentes, podrá autorizarse la
participación de los sujetos obligados a la prestación de servicios
profesionales de índole social o de prácticas profesionales de las
carreras de psicología o trabajo social, en el desarrollo de los
programas señalados en este artículo”, mencionó De los Santos
Elizondo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte para su estudio y dictamen.
